La fiscalía de Milán ordenó en mayo pasado a la GDF la búsqueda, adquisición e inspección informática en las oficinas de la Fundación del comité organizador de Milán-Cortina 2026 y de las empresas Vetrya, Quibyt y Deloitte.
La investigación, que no involucra a directivos actuales de la Fundación Milán-Cortina, comenzó a partir de una supuesta estafa en servicios telefónicos referida a los años 2020 y 2021.
La fundación fue creada el 9 de diciembre de 2019, cuando Vincenzo Novari fue nombrado director general de la entidad, un cargo en el que fue reemplazado por Andrea Varnier.
Según la reconstrucción, Novari y Zuco recibieron "sumas de dinero y otros beneficios" del empresario Luca Tomassini para "facilitar la adjudicación de licitaciones relacionadas con el llamado ecosistema digital" a Vetrya.
Y los jueces del Tribunal de Revisión de Milán, según fuentes judiciales, reclasificaron las hipótesis del delito como "tráfico de influencias ilícitas", pero no abordaron la cuestión del carácter público, apoyado por los fiscales, ni del carácter privado, señalado también en un reciente decreto gubernamental y apoyado por la defensa de la Fundación Milán-Cortina 2026.
Por lo que se sabe, el Tribunal de Revisión tomó nota de los datos reglamentarios del decreto gubernamental de junio pasado sobre el carácter privado de la fundación, pero no consideró relevante disolver el nudo público-privado en esta fase cautelar.
Tampoco consideró necesario plantear en esta instancia una cuestión de legitimidad constitucional sobre el decreto gubernamental.
Los fiscales Francesco Cajani, Alessandro Gobbis y la adjunta Tiziana Siciliano sostienen su investigación sobre la hipótesis de corrupción a cambio de sobornos en la preparación de Milán-Cortina 2026.
Asimismo, Cajani, Gobbis y Siciliano cuestionaron el decreto del gobierno mediante el cual calificaron a la Fundación Milán-Cortina 2026 como un organismo privado.
En tal sentido, Siciliano aseveró ante los jueces que el decreto del gobierno es "de una gravedad sin precedentes" e "ilegítimo".
El también fiscal Marcello Viola ya había explicado que la investigación "lleva a formular la hipótesis" de que la fundación "si bien califica, en virtud de una ley primaria, como 'entidad sin fines de lucro de derecho privado', en realidad tiene un carácter sustancialmente público, persiguiendo una finalidad de interés general, con socios, recursos y garantías del Estado y de las autoridades locales".
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