El Congreso de Estado, que ejerce el poder ejecutivo de San Marino, deberá presentar una propuesta de ley ad hoc para prohibir, al menos en las escuelas primarias y medias, el uso del celular.
Ayer el Consejo Grande y General de San Marino, órgano legislativo, aprobó una instancia de arengo, es decir, una proposición de ley que llega a los ciudadanos, en contra de los celulares en manos de menores de 11 años.
La instancia fue presentada por los capitanes regentes, que ejercen la jefatura del Estado, después de la asunción, por parte de un grupo de profesores de escuelas medias, de lo que llaman "una emergencia educativa y social que ya es insostenible".
La instancia es recibida en el parlamento y se convierte en ley bajo iniciativa de éste o del gobierno.
Profesores, y padres también, piden una mayor reglamentación prohibiendo a los menores de 11 años el uso de celulares y tabletas, para empezar en las escuelas pero también eventualmente en los locales públicos, algo que de momento parece menos probable.
Por el momento no se aclararon los límites y los lugares donde éstos se deberán aplicar a los chicos con celulares, pues una regla más precisa solo se conocerá cuando se presente la proposición de ley.
En concreto, la petición presentada pide también que se prevean sanciones por no cumplir la prohibición, apelando a la salud pública y al riesgo de dependencia de los dispositivos.
"Los ciudadanos de San Marino presentan la instancia a sus excelencias en un momento histórico en el que se considera que el tema de la salud de los más jóvenes está en riesgo. La superficialidad con la que hoy con demasiada frecuencia son utilizados los instrumentos tecnológicos portátiles, como los celulares y las tabletas, y las consolas, como sustitutos de los padres es de hecho alarmante", se lee en el texto.
"Psicólogos, sociólogos, pediatras y otros profesionales a nivel mundial del sector demuestran con estudios lo peligrosos que son estos dispositivos en manos de los jóvenes: se habla de dependencias varias al mismo nivel que las drogas", añade.
La instancia concluye diciendo que "una toma de conciencia es necesaria por parte de cualquier Estado que piense en el futuro de sus ciudadanos. Otros países en el mundo están ya tratando y profundizando en este tema, y algunos ya están elaborando normas sobre ello".
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