(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 7 MAR - La vida de millones de mujeres y niñas de toda América Latina está a merced de sistemas "tipo lotería" de asistencia a la salud que anteponen los estereotipos y la doctrina religiosa a la vida del paciente.
    Un nuevo informe de Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de la Mujer, analiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en ocho países de la región. Los testimonios evidencian que el acceso a servicios básicos como la contracepción, el aborto sin riesgos o la esterilización normalmente depende de la capacidad adquisitiva de la paciente y de las concepciones religiosas y personales de los profesionales. El aborto está prohibido sin excepciones en siete países de América, aun en el caso de que la vida de la mujer o la niña dependa de él: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En la mayoría de los restantes países, aunque sea legal, el acceso a un aborto para salvar la vida resulta muy difícil porque algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.
    En Uruguay, donde se legalizó el aborto en 2012, muchos profesionales de la salud se declararon "objetores de conciencia" y se negaron a facilitar interrupciones. Ante esto, a muchas mujeres no les queda otra salida que someterse a un aborto clandestino de riesgo, que fue la causa de al menos una de cada 10 muertes maternas en toda la región en 2014.
    Rosaura Almonte, dominicana de 16 años, murió de leucemia en 2012 porque los médicos pospusieron su tratamiento debido a su embarazo y no le proporcionaron el mejor tratamiento posible en su estado. La mujer pidió someterse a un aborto, pero se le denegó, puesto que el procedimiento está prohibido en todas las circunstancias. Finalmente, Rosaura empezó a recibir tratamiento para el cáncer unos días después de sufrir un aborto espontáneo, pero era tarde para salvar su vida.
    En Chile, Tania era madre cuando volvió a quedar embarazada, en pleno tratamiento contra un cáncer. El médico no le dio opción: tenía que estar tranquila y si ella intentaba abortar él la tendría que denunciar. La mujer buscó otras opiniones, que le confirmaron que el embarazo era incompatible con su tratamiento contra el cáncer. Tuvo que abortar de manera ilegal. "Yo ya era madre y mis hijos tenían el derecho a contar con su mamá sana, por eso decidí someterme a un aborto para quedarme con ellos", señaló.
    En países donde el aborto es legal bajo ciertos supuestos, las mujeres igual sufren dificultades: los médicos del sistema público se niegan a interrumpir embarazos debido a sus convicciones personales. La única salida es pagar servicios privados, lo que no está al alcance de mujeres con pocos recursos económicos. En Paraguay, en 2015, las autoridades denegaron la solicitud de interrupción del embarazo de una niña de 10 años embarazada tras ser violada. Al no tener acceso a un aborto, la niña se vio obligada a dar a luz.
    Las mujeres también son obligadas a someterse a intervenciones médicas contra su voluntad.
    Michelle, mexicana de 23 años y madre de dos hijos, supo que era seropositiva cuando estaba embarazada de cuatro meses. El día en que acudió al hospital para dar a luz se encontró con un gran cartel sobre su cama donde ponía "VIH". Más tarde, su médico le dijo que debía someterse a una operación para evitar futuros embarazos. Michelle dijo que no quería esa operación, pero los médicos no le hicieron caso y le practicaron una esterilización que la incapacitó para tener hijos con carácter permanente. Mientras Michelle estuvo en el hospital, las enfermeras no la tocaron. En una ocasión en que sufrió una hemorragia, una enfermera le entregó un paño y le dijo que se limpiara ella misma la sangre para evitar contagios. En Perú, entre 1996 y 2000, las autoridades se embarcaron en una política de esterilización de mujeres pobres dirigida a "combatir la pobreza". Esperanza, del norte de Perú que ahora tiene 59 años, fue sometida a esterilización forzada en 1998. Desde entonces sufre dolores de espalda y a veces son tan fuertes que le impiden trabajar, y ha tenido dificultades para superar las secuelas psicológicas de haber sido esterilizada a la fuerza.
    "Por desgracia, para mujeres de toda Latinoamérica, recibir tratamiento médico para salvar la vida depende de la buena voluntad de un profesional de la salud o de su capacidad adquisitiva. Plantear la asistencia médica como una lotería es indignante y absolutamente ilegal, y pone miles de vidas en peligro", ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
    "Desde El Salvador, donde el aborto está prohibido incluso en los casos en que la vida de una paciente depende de él, hasta México, donde las mujeres que viven con el VIH pueden ser esterilizadas a la fuerza, mujeres y niñas de toda la región están sufriendo abusos a manos de los propios profesionales y sistemas que supuestamente deben protegerlas", afirmó. MBA/ACZ
07/03/2016 20:56