Por Margarita Bastías (ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 7 MAR - La discriminación contra las mujeres es patente en todos los ámbitos en América Latina, pero en materia sexual y reproductiva "alcanza matices escandalosos", dijo hoy Amnistía Internacional (AI), en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El organismo publicó el informe Américas: El Estado como "aparato reproductor" de violencia contra las mujeres: violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe.
    El documento sostiene que "es en la regulación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres donde con más nitidez se evidencian los estereotipos y prejuicios de género, la concepción del rol que la mujer debería jugar en la sociedad, que es impuesto a todas las mujeres a través de legislaciones y prácticas fuertemente discriminatorias".
    Para ilustrarlo mejor recoge casos paradigmáticos de ocho países de la región. Ana Piquer, secretaria ejecutiva de Amnistía Chile, explicó en rueda de prensa que "se trata de una violencia institucional que viene del propio Estado que cuenta con una legislación o aplica políticas públicas mediante las cuales se controlan decisiones propias de la mujer". Estas normas discriminatorias, además de violar múltiples derechos humanos, producen violencia contra las mujeres, y constituyen tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, añadió. En el contexto de violencia de género que se da en toda la región, los Estados no han demostrado el compromiso requerido para combatirla y erradicarla. Amnistía Internacional argumenta que "los Estados no sólo fallan en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres a manos de terceros, sino que son ellos mismos generadores de violencia institucional". Piquer explicó que en el informe AI da recomendaciones a los Estados, "pero también hace un llamado al sistema interamericano de derechos humanos para que tome una decisión y dé una guía clara a los Estados". La experta destacó la necesidad de que en la región se modifiquen leyes, prácticas y políticas públicas que contribuyen a la discriminación de la mujer, que se acentúa mucho más cuando es pobre, joven, migrante, indígena, lesbiana o transexual.
    También aconsejó generar protocolos de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales. Así mismo, pidió garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos de emergencia para todas las mujeres y niñas, en especial para las que han sido violadas. Piquer reclamó la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud para evitar riesgos para la salud de la paciente y su derecho a recibir servicios y artículos anticonceptivos, la interrupción del embarazo o cualquier otro servicio de salud requerido para salvaguardar sus derechos. Se deben implementar mecanismos para que siempre haya disponibles profesionales de salud que puedan brindar esta atención. Asimismo, enfatiza que "teniendo en cuenta los principios de la Convención de los Derechos del Niño, en especial el interés superior de las niñas", AI solicita "generar políticas públicas para protegerlas de los embarazos y maternidades forzadas". MBA/ACZ
07/03/2016 20:26