Otra gigantesca planta de celulosa

La primera desató un entuerto internacional con Argentina

Protestas en Argentina contra la instalación de una planta de celulosa en Uruguay, con impacto en aguas binacionales.
Protestas en Argentina contra la instalación de una planta de celulosa en Uruguay, con impacto en aguas binacionales. (foto: Ansa)
16:54, 08 novBUENOS AIRESRedacción ANSA

   (ANSA) - BUENOS AIRES, 8 NOV - Tras 17 meses de arduas negociaciones, el gobierno de Uruguay acordó con la empresa finlandesa UPM las construcción de otra gigantesca planta de celulosa, elemento base para fabricar papel.
    Las primera de esas plantas, instalada en , desató un duro conflicto con Argentina, que terminó en un litigio internacional, además de duras y extensas protestas del otro lado de la frontera.
    Con lo pactado se creará una de las plantas de celulosa más grandes en el mundo a cargo de una única compañía, y que significará la mayor inversión privada en la historia de Uruguay, según datos de la prensa.
    El emprendimiento puede convertir a Uruguay en el quinto exportador mundial de este producto, afirmó hoy a la prensa el ministro uruguayo de Economía, Danilo Astori.
    El pequeño país sudamericano ya cuenta con una planta de esas características en el departamento de Fray Bentos (oeste del país), también de UPM, que desató años de espinosas polémicas con pobladores vecinos de Argentina, por la presunta contaminación de ríos.
    Este martes, el Gobierno uruguayo y los representantes de UPM sellaron finalmente un contrato de inversión que establece un "marco operativo competitivo" para la eventual instalación de esta planta, anunció la empresa finlandesa en un comunicado, del que da cuenta el portal de noticias argentino Infobae.
    La planta tendrá una capacidad de producción que rondará los dos millones de toneladas de pasta celulosa.
    El anuncio fue formalizado hoy por el gobierno uruguayo a través del titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quien resaltó los beneficios del proyecto que ha sido el buque insignia del actual mandato del presidente Tabaré Vázquez.
    El gobierno uruguayo dijo que el emprendimiento incrementará en más de dos puntos porcentuales el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
    García detalló que la segunda planta de UPM -la tercera de celulosa en el país- implicará un "incremento en las exportaciones del orden de los mil millones de dólares anuales", así como una recaudación de tributos que rondará los 120 millones de dólares por año, reportó Infobae.
    La inversión total por parte de la empresa y sus socios o proveedores rondará los 4.000 millones de dólares, mientras que el Gobierno uruguayo deberá aportar 1.000 millones para proyectos vinculados con infraestructura.
    El gobierno de Vázquez recalcó la exitosa experiencia en Fray Bentos como uno de los principales fundamentos de esta potencial inversión, aunque señaló la necesidad de que el país desarrolle más sus infraestructuras.
    "Será una de las más grandes del mundo a cargo de una única compañía", insistió un portavoz de UPM, que habló de "una segunda fase de negociaciones" que durará unos dos años y medio.
    Varias entidades ambientales uruguayas están elevando críticas ante la instalación de esta nueva planta, ya que entienden que, para el gobierno, "es más importante cualquier inversión que los impactos sociales y ambientales que esta pueda generar". La primera planta que instaló la papelera finlandesa en Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, generó tensiones entre el país sudamericano y su vecino Argentina. El emprendimiento se sitúa sobre las aguas binacionales del río Uruguay, límite natural entre los países.
    Ocurrió durante el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010) y sus pares argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después.
    El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas y numerosos grupos ambientalistas.
    La sentencia también dijo que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales. Las crisis recrudeció en 2013, cuando las autoridades uruguayas decidieron permitir un incremento sustancial de la producción.
   

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