Cuarentena como represión en Latinoamérica

Amnistía denuncia a Venezuela, El Salvador y Paraguay

Cuarentena como represión en Latinoamérica (foto: EPA)
16:19, 21 sepBUENOS AIRESRedacción ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 SET - Desde el estallido de la pandemia de Covid-19 en marzo, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay "han mantenido a decenas de miles de personas en instalaciones de cuarentena inadecuadas, administradas por el estado sin protegerlas lo suficiente de los abusos de derechos humanos", denunció Amnistía Internacional (AI).
    Esas situaciones podrían representar maltrato y detención potencialmente arbitraria, advirtió la ONG.
    AI denuncia esto en la investigación titulada "Cuando la protección se convierte en represión", que documenta cómo las "autoridades de los tres países han sometido a inmigrantes, refugiados, personas que regresan a su tierra natal y comunidades de bajos ingresos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces en condiciones inhumanas, sin alimentos, agua y asistencia médica adecuada".
    Según la ONG, estas cuarentenas podrían verse como un maltrato y las pésimas condiciones hacen que los espacios sean lugares donde las personas corren riesgo de contraer Covid-19.
    "Cuando los Estados detienen a decenas de miles de personas sin asegurarse de que cada una de ellas sea una medida necesaria y proporcionada, las mantienen en condiciones espantosas bajo control militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, transforman una intervención de salud pública en una estrategia punitiva y represiva ", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado de prensa.
    Según la información recibida por AI, "en Venezuela, El Salvador y Paraguay, las personas a menudo han estado en cuarentena durante mucho más de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a veces durante más de un mes".
    Las personas en cuarentena "no tuvieron acceso suficiente a la información" sobre la duración de su cuarentena o los criterios para establecer su eventual levantamiento de la obligación de aislamiento, y esto "es una violación de su derecho a la información.
    También a la "obligación en virtud del derecho internacional humanitario, porque toda privación de libertad, incluso si tiene por objeto proteger la salud pública, debe ser establecida por la ley y debe ser necesaria, proporcionada y limitada en el tiempo", remarcó Guevara-Rosas.
    Amnistía pide a los gobiernos que someten a las personas a cuarentena estatal que den acceso inmediato a las organizaciones humanitarias y monitores independientes de derechos humanos a los centros, que les permitan controlar sus condiciones, ofrecer protección contra posibles malos tratos y proporcionar agua y alimentos de forma urgente y otros bienes necesarios.
    Asimismo, la organización exige a las autoridades que impidan la detención indefinida de personas.
    Hasta finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades de Venezuela habían sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, a las que procedieron a enviar a "centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos", según la ONG.
    En el caso de El Salvador, para esas fechas el Gobierno del presidente Nayib Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el encierro obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo de Covid-19.
    Asimismo, en Paraguay, a finales de junio las autoridades también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil, debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia. (ANSA).
   

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