Salvadoreños miran con ilusión a México y Canadá

Según la ACNUR, optarían por solicitar asilo en México o Canadá

Protesta de migrantes salvadoreños en Washington
Protesta de migrantes salvadoreños en Washington (foto: Ansa)
17:20, 12 eneCIUDAD DE MEXICOPor Marcos Romero

   (ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 12 ENE - Muchos de los más de 200.000 salvadoreños bajo riesgo de ser expulsados por el gobierno de Donald Trump en los próximos meses al finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), podrán hallar en México o Canadá una "tabla de salvación".
    La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que México podría recibir una avalancha de demandas de asilo de estos inmigrantes, que temen no poder regresar a sus países por temor a la ola de violencia derivada de las llamadas "maras" o pandillas.
    Los salvadoreños, que siguen la suerte antes sufrida por nicaragüenses y haitianos, tienen 18 meses, hasta septiembre de 2019, para salir de Estados Unidos o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. La opción última es pasar a la clandestinidad y convertirse en una masa vulnerable de personas sujetas a redadas y a una cacería humana que se ha convertido en un infierno para millones de indocumentados mexicanos y centroamericanos.
    El aviso del Departamento de Seguridad Nacional, emitido el pasado lunes, cayó en las comunidades salvadoreñas en Estados Unidos como un duchazo de agua helada, por cuanto los beneficiados con el estatuto temporal establecido a raíz de la guerra civil de los años 80 y 90 han echado muchas raíces de este país.
    Además, los hijos de una amplia porción de estos ciudadanos ostentan la ciudadanía y no pueden ser expulsados, lo que significa que cuando comiencen las repatriaciones habrá muchas familias divididas, con toda su cauda de dolor y tristeza.
    El portavoz de ACNUR, William Spindler, dijo al diario mexicano Reforma que "la terminación del TPS y la deportación de un gran número de países que enfrentan una violencia considerable" disparará las solicitudes de asilo a México y Canadá.
    "Esto podría colocar a muchas personas, incluidas las familias que han vivido en ese país durante décadas y que tienen hijos nacidos ahí, en un limbo administrativo incierto prolongado y, en última instancia, contraproducente en los años venideros", subrayó.
    El gobierno salvadoreño analiza la opción de gestionar ante el Congreso estadounidense una ley para que los acogidos por el TPS se beneficien con una solución permanente.
    El retorno de los salvadoreños no sólo les afectará a los involucrados directamente sino también todos los familiares que reciben su apoyo económico en la propia nación centroamericana.
    El TPS arrancó en 2001, tras los dos devastadores terremotos que sacudieron a ese país, por lo que cumple 16 años, pero la vida está lejos de haberse normalizado en El Salvador después de todo ese tiempo.
    Apenas en agosto pasado, la Iglesia católica denunció una nueva escalada de violencia en El Salvador como una "acción deliberada" de los grupos criminales para "presionar al gobierno a que les otorguen beneficios en prisiones e incluso pactar otra tregua, de acuerdo con las autoridades".
    Sólo en septiembre último hubo 435 homicidios y la jerarquía católica alzó su voz para que el gobierno "tome las medidas más convenientes para controlar y superar esta preocupante situación".
    El Ejército salió a las calles y exhibió vehículos militares y armamento para intimidar a las maras a fin de controlar la violencia, pero el prelado censuró esta medida.
    "Sacar los tanques de guerra para exhibirlos en los parques, no lo entiendo, no lo alcanzo a comprender cuál es la intención, pero eso no es forma de enfrentar el problema", señaló el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
    El 2016 cerró con 5.278 personas asesinadas, un promedio de 14,4% muertes diarias y en entre enero y septiembre pasado hubo un promedio de 10,3%.
    El TPS beneficia a 10 países y se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. (ANSA).
   

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