24 cadenas perpetuas por víctimas italianas

Sentencia de apelación en Roma a jerarcas del Plan Cóndor

Justicia para ciudadanos de origen italiano  después de 20 años
Justicia para ciudadanos de origen italiano después de 20 años (foto: Ansa)
16:14, 08 julROMARedacción ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 JUL - La Corte de Apelaciones en Roma, condenó hoy, en segunda instancia, a cadena perpetua a 24 militares, policías y jerarcas acusados por su participación en el denominado Plan Cóndor, la represión coordinada de las dictaduras de América Latina durante los años '70 y '80. La sentencia, que afecta a represores de Chile y Uruguay, escribe una parte de la historia de los ciudadanos de origen italiano que fueron victimas de la violenta represión en países de Sudamérica.
    "El Plan Cóndor no fue una actividad delictiva menor; en los documentos consta que la actividad era la de eliminar a los enemigos del gobierno, estamos en presencia de un imponente exterminio de los enemigos del gobierno", sostuvo hoy el fiscal general, Francesco Mollace. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a ocho personas, tanto de estos dos países como de Bolivia y Perú, y el resto había sido absuelto.
    El proceso se llevó a cabo en ausencia luego que hace 20 años familiares de desaparecidos -con orígenes italianos- durante las dictaduras de América del Sur denunciaran sus casos en Roma.
    La sentencia certifica a nivel judicial que entre los años '70 y '80 en esos países había un único objetivo: eliminar a los "enemigos" del gobierno.
    Tras seis horas de cámara del consejo y, más tarde, más de media hora para leer un fallo largo y complejo, la presidenta de la primera Corte de Apelaciones bis del Tribunal de Roma, Agatella Giuffrida, pronunció la fatídica fórmula de "cadena perpetua" para todos los imputados, incluso para aquellos que en primer grado habían sido absueltos (solamente uno obtuvo la absolución de solo uno de los cargos en disputa). Entre ellos, se encuentran el exministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez; el expresidente de Perú Francisco Morales Bermudes; el exministro del Exterior de Uruguay Juan Carlos Blanco (absuelto en solo uno de los cargos imputados) y el teniente Jorge Néstor Fernández Troccoli, a cargo del sistema de represión de la Marina militar uruguaya, el único que vive en Italia tras haber escapado de su país (en primer grado había sido absuelto).
    ¿Las acusaciones? Son las más terribles: homicidio voluntario agravado a largo plazo.
    Entre las lágrimas y un tímido aplauso de los presentes, resonaron también las palabras pronunciadas por los representantes de la fiscalía.
    "Debemos otorgarle justicia a las víctimas", había dicho Tiziana Cugini del Ministerio Público.
    "En este proceso tenemos destrucción con el aniquilamiento de personas humanas. Lo que se hacía no era solo con el fin de obtener informaciones, sino matar de manera atroz. Todos los imputados fueron ejecutores confiables de muerte", subrayó.
    Hoy los jueces "certificaron" la sentencia de reconstrucción acusatoria y dispusieron incluso la indemnización por daños y perjuicios contra las 47 partes civiles constituidas.
    También, se estableció una suma provisoria inmediatamente ejecutiva de un millón de euros para la Presidencia del Consejo de Ministros y cifras entre 250 mil y 100 mil euros para las demás partes civiles. Y además de ellos, también estaban como partes constituidas las asociaciones AFDD y Asofamd, el Frente Amplio -partido político Uruguayo de centroizquierda- y la República Oriental del Uruguay.
    "Es la coronación de años de investigación, de trabajo defensivo, de la fiscalía y de las fuerzas de seguridad para llegar a la justicia contra la inmunidad, detrás de la cual durante años se escondieron los imputados, especialmente Troccoli", comentaron los abogados Mario Angelelli y Arturo Salerni, quienes asistieron a muchos familiares de los desaparecidos. Agregaron que "la esperanza es que la sentencia de hoy sea definitiva en Casación. Un ciclo jurídico se cerró porque el colegio reconoció el delito de homicidio y es este resultado el que proporcionó un punto de inflexión en el proceso". Dentro de tres meses se conocerán los fundamentos de la sentencia. (ANSA).
   

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