El balance de la represión no podía ser peor

Desde 18-O, 3.600 heridos, 27 muertos y 405 con trauma ocular

Carabineros cargan contra los manifestantes en Santiago de Chile. Lapidario informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Carabineros cargan contra los manifestantes en Santiago de Chile. Lapidario informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. (foto: ANSA)
16:33, 18 eneSANTIAGO DE CHILEPor Margarita Bastías

(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 18 ENE - Un lapidario balance arrojó el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile a tres meses del estallido social del 18 de octubre, con 27 muertos y 3.600 heridos, 33 con pérdida de la visión.

   A los 27 muertos, la mayoría durante el estado de emergencia y toque de queda adoptado por el presidente Sebastián Piñera entre el 19 y 28 de octubre, se suman 3.600 personas heridas, indicó el reporte. De ellas, 2.063 sufrieron lesiones por armas de fuego, ya sean balas, balines o perdigones. En el periodo ha habido 405 personas con traumas oculares. De ellos, 33 sufrieron estallido ocular o pérdida de la visión.
    El organismo recopiló toda la información directamente por sus funcionarios en manifestaciones, comisarías y hospitales entre el 17 de octubre y el 15 de enero.
    El INDH logró registrar a 9.129 personas detenidas. De ellas, 1.445 acusaron vulneraciones por parte de agentes del Estado al interior de comisarías, tales como violencia sexual (191), torturas y tratos crueles (412) y uso excesivo de la fuerza (842).
    Por ellas presentó 1.080 acciones judiciales, representando a 1.354 víctimas. De acuerdo a la información desglosada, se han interpuesto 770 querellas por torturas y tratos crueles, 158 por violencia sexual (desnudamientos, tocaciones, amenazas, insultos y cuatro violaciones), 17 por homicidio frustrado y 5 por homicidio.
    Las manifestaciones del 18 de octubre fueron convocadas por los estudiantes secundarios que llamaron a evadir el pago del metro a raíz del alza en el precio del pasaje en el horario punta que se impuso a contar del 6 de octubre por un comité de expertos.
    La rebelión de los jóvenes tuvo eco en gran parte de la población que también eludió el pago del pasaje saltando por arriba de los torniquetes, reventando puertas para luego empezar con la destrucción de determinadas estaciones del tren subterráneo. El Metro decidió suspender el servicio cuando la gente empezaba a salir de su trabajo para retornar a casa. Siete estaciones fueron incendiadas de manera simultánea provocándose un inédito caos en la metrópolis, en una situación no vista desde el retorno a la democracia en 1990. Las autoridades en La Moneda guardaron silencio durante horas, mientras el presidente Piñera es visto en una pizzería celebrando el cumpleaños de su nieto, lo que aumentó la indignación de la gente. De regreso a la sede de gobierno, el mandatario decidió aplicar el estado de emergencia y sacó a los militares a las calles e imponer el toque de queda, que en grandes sectores no fue acatado. La gente siguió protestando haciendo sobar las cacerolas, otros incendiaron grandes cadenas de supermercados propiciando el saqueo. En ese contexto se produjeron 11 víctimas que murieron entre las llamas, aunque hay denuncias de familiares que dicen que sus parientes presentan orificios de balas. Las manifestaciones no cesaron en Plaza Italia -rebautizada de la Dignidad- y se extendieron a todas las regiones, a las cuales también se impuso el estado de emergencia y toque de queda. De acuerdo a la Constitución, el estado de emergencia se declara en caso de existir daño o peligro para la seguridad de la Nación, ya sea por razones de carácter interno o externo. Su declaración sólo le corresponde al Presidente y puede tener una duración máxima de 15 días, prorrogable por quince más. Para nuevas prórrogas, el Ejecutivo requiere el acuerdo del Congreso.
    A una semana del 18-O, el viernes 25 de octubre y luego que días antes Piñera afirmara que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso", más de un millón 200 mil personas salieron pacíficamente a la calle para expresar al gobierno el cansancio ante la desigualdad, los abusos y la falta de igualdad de oportunidades, por lo que demandaban una nueva Constitución, según señalaban los carteles que levantaron ese día. Piñera dijo haber entendido el mensaje y anunció una agenda social centrada en salud, reforma de pensiones y aumento del salario mínimo, junto con derogar el estado de excepción.
    El 18 de noviembre se llegó a un acuerdo para un Plebiscito el 26 de abril de 2020, donde los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Carta Magna y bajo que mecanismo se redactará: Convención Constituyente mixta (congresistas y ciudadanos) o totalmente elegida por la ciudadanía. (ANSA).
   

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